Las explosiones en tomas clandestinas, las pérdidas económicas y la presencia del crimen organizado en el drenaje de ductos siguen siendo una realidad.
En México, la crisis del huachicoleo no termina.
Para limitar los robos, en enero de 2019 el presidente anunció el cierre temporal de ciertas tuberías que distribuyen combustible.
El gobierno usó camiones cisterna para asegurar el suministro.
Sin embargo, la venta de combustible se ralentizó, lo que ocasionó que en diferentes partes del país se reportaran desabastos.
La estrategia funcionó temporalmente: en 2019, inicio de la administración de AMLO, Pemex registró pérdidas por 1,269 millones de pesos. En 2018, último año de EPN, fueron 2,068 millones de pesos.
Pérdidas de Pemex por robo de combustiblePero para el tercer trimestre de 2021, Pemex informó de la existencia de 6,125 tomas ilegales en sus ductos. Un aumento del 32% frente a las reportadas en 2020.
Para finales de 2021, el Gobierno de México encontró 8 mil 785 tomas clandestinas más, es decir, 14 mil 910 tomas totales distribuidas a lo largo de la cadena de gasoductos.
Los estados con más tomas clandestinas son Puebla, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato.
El incremento de perforaciones a gasoductos se distribuyó de la siguiente manera:
En octubre de 2021, una explosión de un ducto perforado por huachicoleros en Puebla dejó 2 muertos, 13 heridos y más de 50 viviendas destruidas.
A esta tragedia se suma el incidente de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que 136 personas murieron tras la explosión de un gasoducto.
Además, la participación del crimen organizado en el robo de combustible aumentó.
Actualmente, los carteles que se disputan las principales zonas huachicoleras del país son:
Las trágicas explosiones de ductos, las pérdidas millonarias, y la presencia del crimen organizado en la extracción ilegal demuestran que el huachicoleo en México es todavía una crisis apremiante.